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¿Niñas y Mujeres en situación de discapacidad podrían sufrir de doble discriminación?

Colombia, con cerca de 45 millones de habitantes, es un país que ha venido ganando lentamente en el reconocimiento de los derechos de las personas en situación de discapacidad, a pesar de ser considerado como un país de desarrollo bajo y que sufre, aún, las secuelas de un conflicto armado por cerca de 60 años.

Sin embargo la Constitución Política del 91 se observa a diario que existen condiciones de discriminación, muerte, violación de derechos e invisibilidad de las mujeres y niñas en situación de discapacidad. Es importante incrementar programas o  campañas en el país que favorezcan las oportunidades laborales para las mujeres en situación de discapacidad debido a que  según  estadísticas oficiales, en el país existen cerca de 3 millones de personas con discapacidad y la mayoría son mujeres ubicadas en los estratos 1 y 2 del Sisben, lo que muestra que prevalece un bajo nivel educativo y desarrollo personal y social.  Igualmente, un alto porcentaje de esta población está desempleada o excluida de la fuerza laboral del país, segregada en lo social, educativo, salud, arquitectónico y, sobre todo, en lo racial.

En Colombia, el 52,3% de las personas con discapacidad está en edad productiva, pero solo el 15,5% de esta población encuentra oportunidades laborales, según estadísticas del DANE. Cada vez más empresas alrededor del país le apuestan a cambiar dicho escenario, vinculando laboralmente a este tipo de población y descubriendo el potencial que hay detrás de la inclusión.

Promover el acceso al empleo formal para las personas con discapacidad es una de las diez principales recomendaciones que hace el Informe Alternativo de la Fundación Saldarriaga Concha al Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, publicado en el 2016. Esto no solo contribuye a la constitución de una sociedad más equitativa y “que construye una paz estable y duradera”, como lo menciona el informe, sino que impacta positivamente en los indicadores de las empresas que incorporan la inclusión social como una política organizacional.

La vinculación de personas en situación de discapacidad tiene un impacto positivo para la compañía empleadora en aspectos como el clima organizacional, el sentido de pertenencia y la motivación de sus empleados, el compromiso con la responsabilidad social e, incluso, la obtención de ciertos beneficios tributarios a partir de las leyes 361 de 1997 y 1429 de 2010.

Prebel, cuyo modelo de recursos humanos es referente en procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad, ha evidenciado que variables como las mediciones del clima, la accidentalidad, la claridad organizacional y también la productividad son mejores al emplearla. “Nuestra premisa es vincular a las personas por su talento y competencias, no por su discapacidad”, afirma Catalina Arboleda, directora de Talento Humano.

Por ejemplo, el relacionamiento comercial, el servicio y la organización de Mariana, una de las 51 personas con discapacidad que trabajan en esta compañía y quien nació con síndrome de Down, son las aptitudes que la caracterizan en su trabajo como recepcionista de Prebel. “Lo que más me gusta de mi trabajo es que desde el portero hasta en la Presidencia me quieren, además de sentirme productiva y darle orgullo a mis papás”, cuenta Mariana.

Para seguir apoyando estas iniciativas de oportunidades laborales es urgente que los gobiernos nacional, departamental y local  y la sociedad civil, generen estrategias para lograr que las niñas y mujeres en situación de discapacidad obtengan mayores reconocimientos en Colombia como sujetos de derechos, sujetos políticos y objeto de procesos de inclusión educativa, laboral y social, y hacer visible su aporte a los procesos de desarrollo de la sociedad.  Igualmente, se deben fortalecer los marcos legales y mecanismos de cumplimiento para hacer valer los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad bajo los principios constitucionales de justicia, igualdad, oportunidad, equidad y respeto por su vida, además de cumplir los protocolos facultativos de la ONU para esta población.

La educación es prioritaria para las niñas y mujeres para que comprendan y reclamen sus derechos, dando prioridad a los proyectos que trabajan con poblaciones de sectores particularmente marginados de la comunidad, sobre todo aquellas que viven en situación de pobreza extrema para que potencien su libre determinación y desarrollen un rol como líderes y tomadoras de decisiones.

Para dejar abierta la reflexión hay que tener en cuenta, según el Dane, que la poblacion con limitaciones en Colombia se ha incrementado en los útlimos años  cerca del 520%, lo cual también ha posibilitado que la sociedad civil, a través de ONGs nacionales e internacionales, sector privado, asociaciones de padres de familia y el mismo Estado estén haciendo aportes para focalizar la atención a esta población. Estos esfuerzos hay que potenciarlos para llegar a garantizar y reconocer a esta población como sujetos de derechos.

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